- Desde estas centrales sindicales se quiere «poner la prevención en el centro de la recuperación» y hacer de la salud laboral un derecho fundamental
Bajo el lema “La Salud laboral un derecho fundamental” una nutrida representación de delegad@s sindicales de los distintos sectores de UGT y CCOO se han concentrado hoy, para recordar a las personas trabajadoras que fallecieron o perdieron la salud mientras trabajaban durante el pasado año, y manifestar también su solidaridad y apoyo a las familias.
Se indica que estos sindicatos ya venían denunciando con anterioridad la precariedad y el deterioro de las condiciones de trabajo. «A medida que pasa el tiempo van aflorando otras cuestiones que afrontar, como las derivadas de los casos COVID persistentes, con consecuencias laborales para quienes lo sufren y que exigen de políticas de prevención y de seguridad social. Y siguen pendientes otras como que, en nuestro país, la COVID-19 sigue sin ser incluida en el listado de enfermedades profesionales», se destaca.
El secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire ha denunciado que en el año 2021, un total de 705 personas han perdido la vida trabajando en España, 148 de ellos en Andalucía. El sindicalista apunta que en Huelva durante el año 2021 fueron 14 las personas que perdieron la vida en sus puestos de trabajos. Donaire lamenta que en Huelva se hayan producido 7.245 accidentes laborales durante el año 2021, afirma que “el mayor número de fallecimientos se produce en situaciones contractuales que no son estables, por lo que incide en que la precariedad laboral incrementa la posibilidad de sufrir accidentes laborales.” Por ello, manifiesta que “el nuevo acuerdo de la reforma laboral reducirá la temporalidad y ello debería traducirse en una disminución de la siniestralidad.”
Donaire apuesta por la vigilancia, como eje fundamental para disuadir a toda aquella empresa que quiera evadir o cumplir la norma. Por ello, el incremento de la plantilla de Inspectores y Subinspectores de la Inspección provincial de trabajo es fundamental para poder abarcar con garantías todo el territorio provincial. Y apuesta por la creación de un plan de choque contra la siniestralidad laboral para exigir a las empresas el cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales
«Hoy queremos recordar a los poderes públicos españoles que tienen una deuda con las personas que enfermaron de amianto, que a pesar de conocer sus efectos mortales, no se prohibió su uso. Por ello exigimos la aprobación del fondo de compensación para las víctimas de amianto», se ha señalado.
Así pues, Donaire ha exigido la creación de la figura de una Delegación de Prevención Sectorial o Territorial, sobre todo para atender a aquellas empresas sin representación sindical (menos de 10 trabajadores), «ya que está demostrado que aquellas empresas en las que no hay representación sindical, la siniestralidad laboral es mayo», recalca.
Por otra parte el responsable de Salud Laboral de CCOO, Diego Román ha sido contundente al manifestar que “la precariedad laboral mata y aunque se han dado pasos importantes para acabar con ella sino se impulsan materias decididas en prevención de riesgos, y no se convierte en una de las prioridades del Gobierno dichas mejoras pueden verse anuladas”.
No en vano, Román ha indicado que “las cifras arrojadas en el informe de Siniestralidad Laboral en Huelva en 2021 son muy preocupantes ya que ha habido un incremento de accidentabilidad de más de un 15% con respecto al año anterior, con más de 7,240 accidentes laborales en los centros de trabajo, de los cuales 87 han sido graves y 14 mortales”
En este sentido, el sindicalista ha subrayado que se deben “abordar los riesgos derivados de las nuevas realidades laborales como la digitalización, inteligencia artificial, teletrabajo, trabajo en plataforma, especialmente su impacto en los riesgos psicosociales”.
Desde CCOO se hace un llamamiento a las administraciones para que se aumenten los recursos humanos y materiales de la inspección de trabajo, que la fiscalía aborde con más contundencia los casos de infracciones en los delitos de riesgos y daños a la salud laboral, la creación de una Delegación Territorial para que en todos los centros de trabajo haya un plan de prevención de riesgos laborales, así como la necesidad de que se elabore una estrategia estatal para erradicar el amianto.
Finalmente, ambas centrales sindicales han manifestado que es muy necesario situar la prevención de riesgos laborales en el centro de la recuperación y a las personas en el centro de todas las políticas.
UGT y CCOO animan a las personas trabajadoras a que defiendan su salud y seguridad en el trabajo, porque la salud es un derecho fundamental.
